Casi 20 meses después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, la mayoría de comunidades, en bloque todas las gobernadas por el PP, como es el caso de Castilla y León, mantiene su rechazo a aplicar la declaración de zonas tensionadas, mientras Cataluña, pionera en su aplicación, anuncia ya un régimen sancionador para quienes la incumplan.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado esta semana que en 2025 su Govern aprobará un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa y enviar "un mensaje claro a quienes quieran especular: la ley está para cumplirse y las viviendas son para vivir".
Mientras en Cataluña son ya 271 los municipios, donde reside el 90% de la población, los acogidos a la zona de mercado tenso de la vivienda, solo en tres de las restantes 16 comunidades está el proceso en marcha y será efectivo el próximo año, según la información recabada por las distintas delegaciones de EFE.
Varios gobiernos autonómicos populares han explicado a EFE que sí aplican la Ley de Vivienda, pero desde luego rechazan las zonas tensionadas. Entre ellos el andaluz, que ha dejado claro que aplica desde el primer día la Ley de Vivienda, pero no medidas intervencionistas como las zonas tensionadas porque considera que, además de no ser obligatorias, generan el efecto contrario al suponer una subida de precios y retirada de inmuebles del mercado.
La Junta de Andalucía, como otros ejecutivos autonómicos, ha anunciado medidas con una orientación diferente, en su caso un plan de choque para impulsar la creación de 20.000 nuevas viviendas protegidas mientras se tramita la nueva ley de vivienda de Andalucía.
En Castilla y León, la Junta no aplicará la Ley de Vivienda porque, a su juicio, su "fracaso" ha quedado "constatado" y porque prefiere disponer de "políticas muy útiles" para este fin, como las ayudas al alquiler, para la adquisición de avales a los jóvenes que adquieran su primera vivienda o las deducciones fiscales.
